Los gestores de cooperativas piden una subida del 6% de la VPO

Aducen que los actuales costes frenan las posibilidades de promoción.Critican que los suelos públicos salgan a concurso con un precio “excesivo”.

10/11/2007 M. NAVARCORENA

La Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas pidió ayer una subida de un 6% en los precios de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) que se construya a partir de ahora en la comunidad. El presidente del consejo rector de dicha federación, que engloba a la práctica totalidad de cooperativas aragonesas, Miguel Ángel Loriente, afirmó ayer que, dado el coste actual, “se han paralizado las posibilidades de promover VPO en Aragón y es muy difícil edificar en Zaragoza, ya que habría que estudiar muy bien el coste del propio suelo”. El módulo en Aragón del régimen general es el octavo más barato de toda España.

Sin embargo, tal y como informó este diario recientemente, el Gobierno aragonés ya ha asegurado que está dispuesto a una subida de las tarifas para primeros de año que rondaría en torno al IPC, es decir, la mitad de lo que esta federación pide.

Para Loriente –que explicó las medidas adoptadas por la asamblea general ordinaria de esta federación–, dos son los aspectos fundamentales que repercuten en esta “necesidad” de carestía. “Sabemos que no es popular encarecer, pero lo que no es popular es no poder construir VPO”, insistió. Así, señaló, por un lado los incrementos propios de los precios de la construcción y los nuevos requerimientos legales, como el Código Técnico de la Edificación. Y, por otro, “el precio excesivo de venta de los suelos en concursos públicos”.

Antonio Olmeda, presidente de la asociación estatal de gestores de cooperativas, recordó que las administraciones han vendido, por ejemplo, los suelos para cooperativas en Valdespartera a un precio que ronda entre un 25% y un 30% el del módulo. Un precio que consideran “excesivo”, más aún cuando la ley obliga a los particulares que venden terreno privado a no rebasar el 20%.

Olmeda también hizo hincapié en los requisitos que, por ejemplo, han tenido que cumplir las VPO de Valdespartera en cuanto a parámetros de energías renovables y de recogida neumática de basura. “Hay que adecuar los precios de los módulos a los de otras comunidades, y, sobre todo, a los del entorno”, añadió.

“En la actualidad, ningún proyecto se ha firmado bajo el Código Técnico de la Edificación, por lo que desconocemos de cuánto dinero estamos hablando. Pero suponemos que los costes serán importantes”, dijo.

Esta federación, en palabras de su presidente, valora muy positivamente la política que sobre Vivienda Protegida están llevando a cabo las distintas Administraciones aragonesas. “El conjunto de Valdespartera mueve más dinero que la Expo, porque son 1.300 millones de euros dirigidos a jóvenes trabajadores. Y esta actuación es admitida en otras autonomías”, afirmó Loriente.

Sin embargo, la federación teme que, a partir de ahora, no se respete el pacto no escrito “que lleva funcionando más de quince años, y es que tanto promotores privados como cooperativas se repartan al 50% el suelo público”. En Valdespartera las cooperativas han promovido el 43% de las parcelas, frente a los promotores, con un 57%.

“Echamos en falta la existencia de un procedimiento supramunicipal, rápido y sensato para gestionar suelo para VPO, al modo de otras comunidades”, concluye Loriente.

Las ayudas para el alquiler de pisos se tramitarán a través del Toc Toc

Los inquilinos obtendrán 210 euros al mes para el pago y otros 120 para el aval.Las solicitudes podrán formularse a partir del próximo.1 de enero.

09/11/2007 M. NAVARCORENA

Los jóvenes aragoneses podrán solicitar a partir del 1 de enero del 2008 las ayudas económicas que el Ministerio de Vivienda ha aprobado conceder para el pago de los alquileres de los pisos. En Aragón, este trámite se centralizará a través del Toc, Toc, que en la actualidad es la oficina encargada del registro único de aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Se trata de una cantidad mensual de 210 euros para los gastos relacionados con el alquiler de la vivienda habitual; una cantidad única de 120 euros para el aval de garantía del arrendamiento, y de un único préstamo sin intereses de 600 euros, reintegrable cuando se extinga la fianza. El plazo máximo de concesión de este dinero es de cuatro años, o antes si se dejan de reunir cualquiera de los requisitos exigidos por el ministerio.

Así, para acceder a estas ayudas estatales se establecen tres requisitos básicos: tener una edad comprendida entre los 22 años cumplidos y hasta los 30; ser titular de un contrato de arrendamiento de la vivienda en la que reside con carácter habitual y permanente, y disponer de una fuente regular de ingresos con unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.

Quienes las cumplan, deberán presentar el contrato de alquiler y el de trabajo, y estar al corriente de pago periódico de las mensualidades. Además, deberán completar un impreso que, de momento, no ha llegado a los responsables autónomicos sobre la vivienda. También se puede solicitar el reconocimiento provisional del derecho a la renta básica de emancipación antes de arrendar la vivienda. En tal caso, la concesión caducará a los tres meses de su notificación.

Las ayudas también se extienden a trabajadores por cuenta propia o ajena que cobren de manera regular, los becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que pueda acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad.

FÁCIL EMANCIPACIÓN Tal y como puede leerse en el decreto publicado el miércoles pasado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), el objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes. Y para ello, se ha creado la denominada renta básica de emancipación, que es un conjunto de ayudas directas, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, destinadas al apoyo económico para el pago de los alquileres.

En caso de que existan varios titulares del contrato de arrendamiento, las cuantías a cada uno de los que tengan derecho a las mismas serán el resultado de dividir las cantidades por el número total de titulares de contrato.

Para todo este proceso, se tiene intención de diseñar una serie de programas informáticos que enviará a las distintas comunidades para, entre otros fines, intercambiar la información pertinente que el joven aporte con los datos de Hacienda y la Agencia Tributaria. El Ministerio de Vivienda decidirá dentro de cuatro años si mantiene, modifica o deroga esta renta básica.