La mitad de los solicitantes de vivienda protegida la rechazan cuando les toca

La DGA estudia modificar la legislación para evitar que esto retrase el proceso de adjudicación hasta año y medio. Una de las medidas que se plantean es penalizar a los aspirantes en la primera renuncia y no en la segunda.

ELENA PUÉRTOLAS. Zaragoza

La mitad de los aragoneses a quienes les toca una VPO la rechazan. El número de solicitantes en el registro del Toc Toc aumenta y son ya cerca de 50.000 en todo Aragón, pero también crecen las renuncias. Hace casi dos años, se estimaba que rechazarían el piso un tercio de los adjudicatarios, pero ahora son ya el 50%. Estas renuncias ponen en evidencia que el sistema de adjudicación necesita ajustes, y así lo admite el director general de Vivienda de la DGA, José Luis Castellano. El aumento de las personas que finalmente no aceptan el piso provoca demoras en el proceso de adjudicación que puede alcanzar el año y medio.Las consecuencias son nefastas tanto para los constructores como para los adjudicatarios que reciben el piso en última instancia y se les juntan los pagos, según explica Castellano. De ahí, que el Gobierno de Aragón esté aplicando unas medidas y estudiando cambios legislativos para agilizar el proceso. Una de las principales será penalizar a los solicitantes en la primera renuncia, algo que ahora sucede en la segunda. Sin embargo, no es la primera vez que se anuncian estas modificaciones de las que ya hablaba la anterior directora general, Maite Pérez.

Algunos de los últimos sorteos celebrados en Zaragoza ponen de manifiesto esta situación. El 28 de febrero de 2008 se sorteó la parcela número 22, cuyas viviendas promueve Bruesa Construcción S. A. De los 164 adjudicatarios de los pisos, 79 lo rechazaron. Ese mismo día, salió también la parcela número 9, de Sostenibilidad y Vivienda, y de las 164 viviendas se han registrado 114 rechazos. En cinco sorteos más de 144 viviendas cada uno, ha habido entre 69 y 79 renuncias en cada caso.

Tomando como muestra estas siete promociones de Valdespartera en Zaragoza, de los 1.048 pisos sorteados, 567 adjudicatarios los han rechazado. El resultado es que el 54% de los demandantes de vivienda dicen que no. Sin embargo, esta situación no es exclusiva de las promociones de la capital aragonesa sino que la consideran una muestra representativa de lo que ocurre en el resto de las capitales y localidades grandes de Aragón, donde el número de renuncias también es significativo. El problema es distinto en los pueblos pequeños, donde en muchos casos parece que hay mucha demanda y a la hora de la verdad es díficil adjudicarlas. En estos casos, pretenden reducir los trámites y que el propio promotor pueda proponer a los compradores.

Causas del no

Los motivos del rechazo son diversos pero el director general de Vivienda destaca tres principales causas: porque la situación personal ha cambiado desde que se apuntaron, porque no reúnen las condiciones económicas o porque mientras tanto se han comprado una libre y no se desapuntan del registro que funciona en Aragón desde hace unos cuatro años.

Una de las medidas que ya ha tomado el Gobierno para eliminar de la lista de demandantes a aquellos que no están interesados es la renovación de la inscripción. Lo ha hecho eso sí, después de que el año pasado decidiera prorrogar el plazo de vigencia inicial de la misma, que era de dos años, a tres.

El Toc Toc ha comenzado a enviar cartas a los solicitantes que llevan más de tres años inscritos. Según Castellano, será como cuando se recuerda que el carné de conducir va a caducar y hay que renovarlo. Desde la recepción del documento, tienen un plazo de 15 días para manifestar que quieren continuar en la lista. La estimación es que de aquí al verano podría mandarse el aviso a unos 10.000 solicitantes. Si no renuevan su inscripción, se les da de baja automáticamente.

“Mucha gente se apunta sin tener una necesidad concreta y en el momento en el que les toca no les interesa”, comenta. Reconoce que es una opción legítima, pero que complica el proceso. Por otro lado, “otros no alcanzan el mínimo de ingresos obligatorio para poder optar a la vivienda y por tanto, presentan la documentación incompleta. Muchos lo pagarían igual porque alguien les ayudaría, pero el objetivo no es ese, es que la gente ya esté integrada en el mercado laboral”, señala Castellano. Como mínimo, el adjudicatario tiene que demostrar que tiene unos ingresos de al menos el 5% del valor del piso que le ha tocado.

En este sentido, el sistema también presenta algunos desajustes. Todos los solicitantes que declaren unos ingresos superiores al 5% de precio del piso más pequeño de la promoción, pueden optar al sorteo. Sin embargo, después puede suceder que los pequeños ya estén elegidos. Para dar una solución a las personas con menos ingresos, la DGA apuesta por la vivienda protegida de alquiler. El objetivo para esta legislatura es construir al menos 2.000 pisos para arrendar.